La Salud en los Acuerdos de La Habana Parte I

Los acuerdos de La Habana, discutidos y planeados por la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano serán noticia durante el próximo mes. Entendiendo que el Plebiscito para aprobarlos se realizará el próximo 2 de octubre, Sinergias Alianzas Estratégicas para la Salud y el Desarrollo Social les contará a sus lectores algunos de los puntos clave que tienen que ver con salud pública y comunitaria, con el fin de que estos tomen una decisión informada.

Punto 1: Reforma Rural Integral

Según el texto del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, la Reforma Rural Integral sienta las bases para transformar las condiciones de inequidad que existen en el campo con el fin de promover y generalizar el bienestar de la población rural y así, cerrar la brecha con las zonas urbanas del país. Para ello en el primer punto del acuerdo se aclara que las estrategias tendrán un enfoque territorial, diferencial y de género.

Dentro de este primer punto se encuentra el 1.3 llamado “Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral”, estos tienen como fin la superación de la pobreza del sector rural colombiano a partir del acceso y aseguramiento de niños, niñas, mujeres y hombres a los servicios y bienes públicos.

Para ello se creó una propuesta de desarrollo social que contemple el acceso a los servicios de salud, educación y vivienda como una forma de erradicar la pobreza. En cuanto a salud se propone ofrecer servicios para las comunidades sin ningún tipo de exclusión por minoría de edad, pertenencia étnica, orientación sexual, identidad de género o condición de discapacidad.

En este sentido, el Estado deberá crear un Plan Nacional de Salud Rural, que tendrá como pilar el fortalecimiento de la infraestructura y el mejoramiento de la calidad de la atención en la red pública de las zonas rurales. Algunos puntos de este Plan contemplan:

• Realizar un diagnóstico amplio y participativo para atender el mayor número de usuarios y usuarias en cada región. La dotación de equipos, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la atención (ej. Telemedicina), y la disponibilidad y permanencia de personal calificado están dentro de esta prioridad.

• Incorporar el enfoque diferencial y de género: se tendrán en cuenta los requerimientos en salud para las mujeres de acuerdo a su ciclo vital, incluyendo medidas en materia de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y medidas especiales para mujeres gestantes y los niños y niñas, en la prevención, promoción y atención en salud.

• Crear modelo especial de salud pública para zonas rurales dispersas: con énfasis en la prevención, con el fin de brindar atención en los hogares o en los lugares de trabajo.

• Crear e implementar un sistema de seguimiento y evaluación permanente: funcionará para garantizar la calidad y oportunidad de la atención.

• Se buscará formalizar la situación laboral de los campesinos y campesinas. Dentro de este componente está la protección social de las madres campesinas, en donde el Gobierno nacional se compromete a promover esquemas de protección a las etapas de embarazo, parto y lactancia.

Si bien muchos de estos puntos ya han estado contemplados en distintas leyes (como la Ley 160 de 1994 o la Ley 731 de 2002), es importante resaltar la incorporación de estos principios y normas en los acuerdos.